Estos mecanismos están siendo tratados en las mesas de trabajo, y buscan optimizar la coordinación de cada Estado miembro para detectar redes criminales, evidencias y además agilizar las pesquisas relacionadas con los delitos que tienen una connotación de criminalidad transnacional.
El ministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla, informó a los medios nacionales y extranjeros que el objetivo de estas mesas técnicas realizadas con los demás países es concretar un esquema para combatir este flagelo de la sociedad.
"La coordinación inter Estados en términos regionales resulta ser crucial, pues con las características del crimen organizado ningún país es libre de este fenómeno. Por ello sabemos que los Estados no pueden pensar solo en seguridad interna, ya que debe coordinarse con las demás naciones esta lucha", argumentó el ministro.
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, coincidió con el jefe de la cartera del Interior en mantener esta lucha acordada en la pasada Cumbre de las Américas, realizada en abril en Cartagena de Indias, Colombia.
"Es importante que nos involucremos para desarrollar un esquema hemisférico para ser eficientes en esta época de cambios a fin de enfrentar con nuevas estrategias al crimen organizado transnacional; además estoy convencido de que la OEA analizará otras formas para luchar contra el narcotráfico", subrayó el mandatario.
Guatemala es signataria de la Convención de Palermo para el combate a la delincuencia organizada; el país busca mejorar estos procesos de investigación. Dicha convención establece una serie de figuras jurídicas encaminadas a contrarrestar estos males: la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Extinción de Dominio, Ley Contra el Lavado de Dinero, además de otros instrumentos jurídicos como el Sistema de Alerta Alba Keneth y el Sistema de Métodos Especiales de Investigación. Todas estas normativas tienen como fin combatir la trata de personas y el tráfico de armas, entre otros actos ilícitos.
En esta reunión están presentes Marisela Morales, de la Procuraduría General de la República de México; la presidenta del Organismo Judicial de Guatemala, Thelma Aldana, quien fue acompañada por los magistrados, así como otros funcionarios del sector justicia y seguridad de otros países.